Justicia argentina lo
rechazó
pero ordenó
investigar si
sufre maltratos en el
zoológico
La jueza de
instrucción Mónica Berdión de Crudo de Buenos Aires, Argentina, rechazó un
pedido de hábeas corpus a favor de una orangutana para que se investigue si es
víctima de privación ilegal de la libertad, confirmaron hoy fuentes vinculadas
a la causa.
Abogados argentinos la defienden |
Sin embargo, la magistrada
ordenó investigar si es sometida a malos tratos o, de alguna manera, se viola
la ley que protege a los animales en el Zoológico de Buenos Aires, infirmó la
prensa de la capital argentina.
El hecho se originó
cuando la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada) presentó el jueves pasado un habeas corpus a favor del animal,
de la variedad orangutana proveniente de Sumatra", La Nación.
La Afada argumentó
que Sandra estaba sufriendo una suerte de privación ilegal de la libertad, y “justificó
los padecimientos del animal con una serie de fotografías en las que se la ve
con expresión aterrada ante el encierro y la presencia de gente que la observa",
según el diario.
Sostienen que está privada ilegalmente de su libertad |
La jueza penal Mónica Berdión rechazó el habeas corpus y argumentó que la
orangutana no puede ser equiparado en sus derechos a un ser humano, pero
dispuso la “extracción de testimonios", es decir, el inicio de una nueva
investigación para determinar si hay violación a la ley 14.346, de protección a
los animales “contra malos tratos y actos de crueldad".
El diario Los Andes, de Mendoza, dijo por su parte, que según la Afada, Sandra sufría algo similar a una
"privación ilegal de la libertad", y acompañó a su presentación
fotografías del animal en el encierro.
Una oleada de
inéditos pedidos de hábeas corpus en los tribunales de varios países -entre
ellos, Argentina- salió a cuestionar, con argumentos científicos y
jurídicos, el confinamiento en zoológicos de animales con altas capacidades
cognitivas y probada inteligencia, como son los chimpancés.
Los defensores de los animales exigen una
actualización en la jurisprudencia para otorgarles estatus jurídico, de manera
que se les puedan garantizar tres derechos básicos: a la vida, a la libertad y
a no ser maltratados ni física ni psicológicamente.
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