Cayó en
agencia bancaria de
Arequipa
cuando recibía coima
Una
auditora de la Superintendencia de Administración Tributaria, la incorruptible Sunat, cayó con las manos sobre una coima de 2 000 dólares que recibía de un contribuyente
que la denunció y podría convertirse en la primera víctima de
la muerte civil decretada contra funcionarios corruptos.
Se le caía la cara de vergüenza |
El hecho
ocurrió en una agencia bancaria del distrito de Caima, Arequipa, adonde la
funcionaria María del Carmen Salazar Falcón había concurrido para recibir una
coima de un empresario minero.
El
minero había recibido el ofrecimiento de un beneficio sobre devolución de impuestos
pagados en exceso.
La
prensa de Arequipa informó que la denuncia contra Salazar Falcón fue presentada
por Ronald Palli Ayamamani (34), miembro del directorio de la compañía minera “La
Españolita”, con sede en la provincia de Caravelí.
Según
el informe, la ahora exfuncionaria le había reclamado la suma de 12 mil soles para
agilizar y arreglar el reclamo pero al final aceptó los 2 000 dólares.
Ambos
protagonistas pactaron el viernes la entrega del dinero en la agencia de un banco
en el distrito de Caima, adonde concurrieron el lunes, refrió el diario El Pueblo.
Ante la
denuncia del minero, se preparó una operación conjunta con la misma Sunat, la
Fiscalía y la Policía Anticorrupción de Arequipa, cuyos miembros sorprendieron a
Salazar “en flagrante delito”.
Ella
tenía en sus manos un sobre manila en cuyo interior estaba el dinero pactado, cuyos
billetes habían sido previamente fotocopiados.
La Sunat ha pedido denunciar a los corruptos |
La
detenida fue conducida a la sede de la Intendencia Regional, junto con la
representante de la Fiscalía, para revisar los expedientes de Fiscalización.
“María
Salazar Falcón laboró en la Sunat desde el año 1984, cuando era aún la
Dirección General de Contribuciones”, refirió el diario.
Es
decir, “32 años de servicio en la misma institución, una relación laboral que
terminó a causa de 2 mil dólares”, añadió.
Por su parte, el diario La República señaló que el caso
que se presenta como delito flagrante podría motivar la aplicación del
dispositivo que sanciona con la “muerte civil” los delitos de corrupción cometidos
por funcionarios públicos.
La
disposición se encuentra en vigencia desde el 22 de octubre pasado y se aplica
a funcionarios con sentencia que hubieran cometido actos de corrupción, quienes quedan inhabilitados para ejercer cualquier cargo en cualquier dependencia del Estado.
Como
resultado de este caso, la Sunat invocó a los contribuyentes “a denunciar
cualquier acto ilícito cometido en la entidad” para lo cual habilitó el correo
electrónico oci-denuncia@sunat.gob.pe “como parte de su compromiso de lucha
contra la corrupción”.
(Imágenes
de diarios La República y El Pueblo de Arequipa)