Una vez se hizo respetar la ley
28820 y fueron sentenciados
21 bloqueadores en Huacho
Los bloqueadores de carreteras parecen ignorar que hacerlo los convierte en delincuentes y que, si hay un fiscal con cinturón bien puesto y policías dispuestos a secundarlo, podrán ser sancionados con hasta cuatro años de prisión, para tranquilidad de los miles de inocentes que abordan un autobús para hacer un viaje placentero y se encuentran frente a una horda de matones que los hace vivir un drama inimaginable.
Abusan de su número y perjudican a todos
Por única –y ojalá me equivoque y me desmientan- merece recordarse la sentencia dictada por el juez Julio Castañeda Díaz del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huacho, el 22 de febrero de 2008, contra 21 agricultores que en el curso de una llamada huelga agraria, habían bloqueado un tramo de la carretera Panamericana.
Huacho estaba regido entonces, desde abril de 2006, por el que se denominó Nuevo Código Procesal Penal, que progresivamente se aplicaba en distintos distritos judiciales del Perú y permitió y permite un rápido juzgamiento de los infractores, sobre todo cuando se recurría a la modalidad de terminación anticipada.
La policía apresó a 21 bloqueadores, el fiscal Juan Rodríguez Sota los acusó de extorsión y participación en disturbios que alteraron el orden público y pidió para ellos una detención preliminar de 24 horas a siete días.
Pero el juez Castañeda acortó ese plazo que concluyó el viernes 22 de febrero.
Cuatro años de cárcel
Los campesinos reconocieron haber participado el 18 de febrero en marchas y desórdenes con bloqueo de diversos tramos de la Panamericana que impidieron durante varias horas el tránsito de vehículos y personas y aquí fue cuando se puso en marcha la Justicia acelerada por el Nuevo Código Penal.
Los viajeros tienen que desplazarse a pie
Al término del periodo de detención, el fiscal pidió al juzgado acogerse a la terminación anticipada que prevé el Código, según la cual, los imputados y el Ministerio Público llegan a un acuerdo sobre la pena que les sería impuesta.
Comunicada la decisión al juez, fueron sentenciados a tres años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 2,100 soles que debían cancelarse en forma solidaria, es decir, cada uno desembolsaría cien soles en dos partes. Aparte de ello deberían cumplir severas reglas de conducta como es de orden.
Se observa que el juez no aplicó cárcel efectiva y la sentencia solo tuvo ánimo sancionador. Habría que preguntarse si en futuras protestas, alguno de los 21 agricultores de Huacho, se arriesgó a que lo metieran en la cárcel. No se sabe.
Pero de que existe la ley existe. Se trata de la ley 28820 promulgada al final del mandato de Alejandro Toledo, el 22 de julio de 2005, que prohíbe, asimismo, a todos los funcionarios del Estado llegar a acuerdos con individuos o grupos que utilicen la violencia para conseguir sus reclamos.
Grupos de matones imponen su ley
De modo que el panorama actual del Perú nos da una idea de cuánta gente tiene pendiente sobre su cabeza una pena de cárcel, por asumir que con un bloqueo se arreglan todos los problemas o por abrir una mesa de diálogo con gente que pone la pistola en la mesa como argumento para convencer al Estado.
Ya tienen una vida en su haber
Familiares de Valeriano Machaca ante su ataúd
Mientras tanto, el paro de los mineros ilegales, que se ha traducido en numerosos bloqueos de carretera, sobre todo en el sur del país, ya tiene una cuenta que saldar.
Se trata de la vida de Leucario Valeriano Machaca Mamani (62 años), quien falleció de un infarto al miocardio cuando caminaba junto a su esposa luego de superar el bloqueo del kilómetros 920 de la Panamericana Sur.
No tuvo ningún auxilio médico ni una ambulancia que lo pudiera llevar a un centro de atención y “se convirtió en la primera víctima mortal de la protesta”, según la prensa de Arequipa.
Terminó la tregua y el bloqueo prosigue
Los mineros dieron por terminada esta mañana una tregua que habían concedido al gobierno para que derogue los decretos que los obligan a formalizarse, cerraron poco después de la una de esta tarde, los accesos viales en Ocoña, provincia de Camaná, a 782 kilómetros al sur de Lima y prohibieron el paso de toda clase de vehículos.
Entre esos hay ómnibus de pasajeros que iban a Lima o venían de la capital y camiones cargados con distintas mercaderías, muchos de ellos con alimentos que se perderán por la detención en la carretera.
Se informó que diariamente se pierden alrededor de 8000 litros de leche que no pueden ser llevados a las procesadoras de Arequipa.
Luis Eduardo Podestá
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