viernes, 25 de mayo de 2012

El primer escalón de la justicia

Los jueces de paz del Perú
representan al estado en
los lugares más remotos

En los tiempos difíciles de las décadas pasadas, allí donde no había ninguna presencia del Estado, fuera por la lejanía del lugar o porque la subversión terrorista había desmantelado todo vestigio de autoridad, estaban los jueces de paz, con sus sencillos trajes típicos, entregados a una secular tradición de mantener la paz mediante la justicia que impartían según su leal saber y entender.
 
Juez campesino en su chacra de la cordillera

Siguen ejerciendo esta misma función hoy muchos jueces de paz, de los llamados no letrados, que resuelven desde problemas familiares de mujer y marido hasta conflictos de comunidades por linderos de tierras.

Cuando se presenta un caso misterioso en el que, por las noches, según ancestral costumbre, los cercos limítrofes se mueven de su sitio o son arrastrados por el ganado que invade la propiedad ajena en busca de alimento, el juez de paz, entonces, sobre el terreno mismo, facilita una conciliación.

Desde el 2 de enero de este año, rige la llamada Ley de la Justicia de Paz, número 29824, aprobada en noviembre pasado por el Congreso, que fija nuevas obligaciones a los jueces de paz, como establecer montos en conflictos por alimentos, pero no les asigna –costumbre tradicional– ningún haber por su servicio.

La jueza Dámasa atiende un conflicto familiar

Sí les da, y quizá eso les sirva ahora como un factor de ingreso, las facultades de notarios, allá, en los lugares donde estos no existan.

En el cumplimiento de misiones periodísticas, recorrí hasta hace un par de años numerosas localidades de todo el Perú –un promedio de seis o siete por mes– para entrevistar a aquellos personajes a quienes las jerarquías del Poder Judicial denominan "el primer escalón de la justicia".

Podrían también ser llamados héroes o heroínas, como en el caso de la jueza Billy Meza Cubillas, de Pumahuasi, en el Alto Huallaga, que estrenó su juzgado a principios de 2008 en un ambiente de su propia casa, después de que los pobladores de la comunidad la eligieran para ocupar un cargo que los terroristas de Sendero Luminoso habían anulado un año antes.
Juzgado al aire libre al borde de la Transoceánica

Allí aún no había un puesto policial, porque, ella misma lo confesó, había "rebrotes terroristas", pero, a pesar de todo, puso el escudo oficial que pregonaba su cargo sobre la puerta de su casa.

En Quinua, Ayacucho, nuestro equipo encontró en su chacra, cosechando mazorcas de maíz, a otro juez, Germán Contreras Quicaña, quien dijo que solo podía administrar justicia los sábados y domingos.

Contreras está seguro de que la paz y el desarrollo, alterados violentamente por los terroristas de Sendero, llegarán tarde o temprano a su tierra y que por fin se borrará todo rastro de violencia.

El juez uro se dirige a su despacho

También hay que recordar, en lo que fue una noticia internacional en noviembre de 2008, la instalación de un juzgado de paz sobre el lago Titicaca, en una isla flotante, a 4,013 metros sobre el nivel del mar, desde donde el juez Carlos Lujano Charca extiende su jurisdicción sobre otras cuarenta islas.

Allí, los uros tenían, por primera vez en su historia, un juez nombrado por el Poder Judicial.

Es normal que un juez de paz navegue siete días en balsa por un río amazónico para dejar una notificación y que en otro paraje de la Selva tenga que cruzar el monte, porque se hace camino al andar, y que otro juez deba caminar dos días para disponer el retiro de un cadáver.

La nueva ley le da más obligaciones al juez de paz, le otorga capacitación para cumplir mejor sus obligaciones y lo reafirma en el respeto y la consideración de quienes lo eligen.

Y es de esperar que con el avance del desarrollo del país también les llegue a ellos un poco de justicia económica.

Nota – Este artículo fue publicado en el diario oficial El Peruano, el 25 de mayo de 2012

Luis Eduardo Podestá

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