miércoles, 24 de enero de 2018

Una ley para depredar la selva amazónica

Galarreta la promulgó poco
después de que el Papa
defendiera a la Amazonía

El diario La República en su opinión editorial calificó la acción del presidente del Congreso, Luis Galarreta como “Una bofetada al papa”.

La selva no estará libre de los depredadores
Dijo que Galarreta, “captado contrito y aplicado en algunas de las actividades de la reciente visita del papa Francisco, no tuvo empacho de promulgar, solo unas horas después de que este partiera a Roma, una ley que destrozará la Amazonía peruana”.

Añadió que el dispositivo “atentará contra los pueblos originarios y sus territorios y las reservas naturales protegidas a partir de la falsa idea de modernidad que su Santidad precisamente cuestionara severamente en su mensaje en Puerto Maldonado”.

Se trata de la ley 30723, “que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el territorio de la región Ucayali”.

No puede decir que no lo escuchó
La promulgación “fue posible gracias a que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), otro de los fieles seguidores acomedidos del papa en su visita al Perú –que aplaudió entusiasta el mensaje amazónico–, se inhibió de observar esta norma destructiva a pesar de los reparos nacionales e internacionales”.

Una ley contra la naturaleza

El editorial de La República recuerda que “en diciembre pasado, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se pronunció formalmente contra esta iniciativa legal señalando claramente que afectará los territorios indígenas y a la convivencia sana de los ciudadanos de esa región con su entorno”.

También destaca que “el Ministerio de Cultura se dirigió también al presidente del Congreso cuestionando la norma entre otras razones porque atentaba contra los derechos de los pueblos originarios en aislamiento voluntario”.

Ley que huele a traición
Subraya, además, que los territorios de los pueblos originarios Isconahua, Murunahua, Madre de Dios y Mashco Piro, “se verían afectados por esta ley”.

Denuncia que la ley 30723 “es el resultado del lobby maderero de Ucayali, gran parte de cuyas actividades son ilegales, que arrastra con el soborno, presiones a las autoridades y asesinatos de líderes nativos”.

Y señala que ese lobby “ha llegado al Congreso de modo exitoso sobre todo por sus relaciones con otras actividades ilegales, entre ellos la minería ilegal”.

Se trata de una “ley depredadora”, dice el diario y ha sido promulgada en contra de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) que agrupa a las comunidades nativas y “rechazó la norma porque de manera directa afectará la vida, salud, subsistencia, integridad y territorios de los pueblos en aislamiento y contacto inicial”.

“La idea de promover carreteras o trochas que crucen la selva llevando desarrollo es muy antigua, tan antigua como los auges del caucho, coca, madera y oro”, prosigue el editorial.

Una ley los pone en peligro
Pero en este caso, “se agrava porque los trazos previstos en Ucayali, como la carretera a Purús, son profundamente dañosos de zonas protegidas por distintas normas y atenta contra la flora y fauna que a duras penas el Estado intenta proteger a partir de la expedición de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y Fauna Silvestre”.

Origen fujimorista de la ley

Un informe del mismo diario, destaca que la propuesta que dio origen a la ley fue de Glider Ushñahua, de Fuerza Popular (FP), presidido por la hija del dictador recientemente indultado, la misma que durante su fracasada campaña electoral suscribió pactos con diversos sectores calificados como destructores de la selva.

La ley que “que amenaza cuatro reservas indígenas y los bosques de dicha región, se aprobó sin las opiniones técnicas de los ministerios de Cultura y del Ambiente”.

Promulgó la ley contra la selva
El diario añade que esos ministerios “tienen como función la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la conservación de los recursos naturales, de modo que sus evaluaciones resultan de primera importancia”.

También fueron consultados el Gobierno Regional de Ucayali, Proinversión y el Colegio de Ingenieros, que pidió “no declarar de interés el mantenimiento de trochas carrozables, como finalmente se aprobó en el Pleno de diciembre último”, recalcó el informe del periodista Fernando Leyton.

“Tampoco se pidió un análisis legal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), según confirmó a La República el jefe de dicha institución, Pedro Gamboa”, añade Leyton.

Lo contradictorio del apresuramiento en aprobar la ley sin agotar la opinión de los organismos de consulta es que “en una opinión legal enviada al presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, el Ministerio de Cultura alertó que la iniciativa en mención tampoco contaba con la revisión de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Parlamento”.

A pesar de todo ello, y mientras el presidente Kuczynski miraba al techo, el presidente Galarreta promulgaba la norma que matará la selva amazónica y a los pueblos originarios que residen en ella.

(Imágenes de La República, El Comercio y archivo)


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