viernes, 25 de octubre de 2013

Ley cierra información oficial

Ley de delitos informáticos
podría ser denunciada
por inconstitucional

El abogado Erick Iriarte, socio principal de Iriarte & Asociados, experto en asuntos de propiedad intelectual y nuevas tecnologías, dijo que la recientemente promulgada Ley de Delitos Informáticos debe ser derogada, modificada o ser declarada inconstitucional debido a que sus ambigüedades van a afectar los derechos de muchas personas.

Peligro para la libertad
Dijo que no solo el Congreso, sino los colegios profesionales o los propios ciudadanos podrían iniciar una acción de inconstitucionalidad contra el referido dispositivo.

Sobre la iniciativa legislativa, el abogado afirma que “es cierto que esta norma tal como ha sido establecido va afectar derechos de muchos porque sus ambigüedades son lo suficientemente amplias para no saber cuándo una cosa va a ser delito y cuándo no”, explica.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) considera que la ley constituye “un grave riesgo para la libertad de información periodística y en general para las actividades de investigación” porque la denominada Ley de Delitos Informáticos, “penaliza de manera indiscriminada la utilización de datos o bases de datos en plataforma electrónica”.

Congreso la aprobó y Ejecutivo la promulgó 
El IPYS señala luego que lamenta “que esta penalización indiscriminada no haya merecido una revisión competente primero por parte del Congreso de la República y después por el Poder Ejecutivo, antes de promulgarse la norma”.

Teme, asimismo, que “el resultado (de la aplicación de la ley) será la persecución de  múltiples actividades de utilización de datos y bases de datos informáticos que son completamente lícitas, como por ejemplo las que utilizan plataformas electrónicas del Estado”.

Iriarte, por su parte, precisa que una de las imprecisiones más evidentes es el uso de ciertas expresiones como por ejemplo “alterar un dato informático”. El problema con esta expresión radica en que dentro de ella también podría incluirse el término modificación, que no necesariamente implicaría una intención ilícita.

Puso como ejemplo el hecho de que si un compañero de trabajo modifica un documento de otra persona sin intención dolosa, esta modificación podría “eventualmente ser considerada un delito”.

Congresista Eguren asumió la paternidad
Además, el experto opina que esta ley tiene “cuestionamientos a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al debido proceso, a la libertad de empresa, a la presunción de inocencia, dependiendo del ángulo del que se coloque”, según declaró a un medio de prensa de Lima.

Además, dijo que el dispositivo “ha pecado desde su nacimiento, ya que se ha implementado sin tomar en consideración acuerdos internacionales relacionados al tema”.

“La gran crítica que se ha hecho y que es el núcleo de todo lo que se ha dicho hasta ahora es que primero se debió firmar el acuerdo internacional de cibercriminalidad, o Acuerdo de Budapest, y luego se debió haber hecho la modificación normativa para terminar de adecuar los tipos penales y dar las herramientas a jueces y policías”, declaró.


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