miércoles, 27 de febrero de 2019

Qué fácil es convertirse en delincuente

Bloquear carreteras es un
delito sancionado hasta
con 6 años de cárcel pero…

Que se sepa, no hay al presente ningún encarcelado por el delito de bloquear carreteras, sancionado en el código penal con penas de cuatro a seis años de prisión y hasta de seis a ocho años cuando el acto se haya ejercido con violencia.

Grandes rocas en las pistas
La Junta de Fiscales de Arequipa, ha decidido abrir investigación contra los responsables del último bloqueo en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur ejecutado hace una semana a la mala, por un gremio de transportistas que la quieren fácil, y dejó varados a miles de pasajeros y vehículos bajo el inclemente sol de esa pampa.

Los bloqueadores querían una rebaja en el precio de los combustibles y la lograron a costa del sufrimiento de los pasajeros de vehículos de transporte interprovincial y comerciantes de productos perecibles, que no tenían vela en el entierro.

Una mujer se arriesga a limpiar la pista
Con ese acto se convirtieron en delincuentes, al incurrir en “el delito de entorpecimiento del transporte público (artículo 283 del Código Penal)”.

Por lo general, los transportistas en este caso o cualquier otro tipo de bloqueadores, tuercen el brazo a las autoridades, que prefieren silbar mirando al techo y todo queda igual.

Los delincuentes vuelven a colocar las piedras
La ley hecha papel higiénico y los que sufren el bloqueo -niños, ancianos, gente de toda condición- bien gracias, porque nadie se ocupa de ellos.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin Tomy López, que ha tomado esta vez al toro por las astas, “indicó que existe responsabilidad directa en los propietarios de los camiones y dirigentes” y que realizadas las investigaciones “se valorará el grado de responsabilidad de ambos grupos”, informó la periodista Zenaida Condori en El Comercio.

Se refería a los propietarios de los camiones que estacionaron sus vehículos en la carretera con el fin de obstruir el paso de los demás y a los dirigentes de este acto delictivo.

Miles de viajeros perjudicados
“El que entorpece el normal funcionamiento de transporte público será pasible de una pena que va de 4 a 6 años. Si se actúa de manera violenta, que atenta contra la integridad física y la propiedad pública o privada, la pena va de 6 a 8 años", agregó el fiscal superior.

"Mediante las placas se han identificado a los propietarios de las unidades que bloquearon la vía. Había muchos vehículos que se estacionaron en los bordes, ellos no interrumpían. Pero los que estaban en medio de la carretera definitivamente serán investigados", explicó López.

Con un bloqueo consiguen lo que quieren
El paro y subsiguiente bloqueo de la carretera ocurrió cuando mirábamos extasiados las incidencias del Caso Lava Jato, como lo hace notar el analista Alfredo Torres en un artículo en El Comercio.

“Mientras la mayor parte de los líderes políticos nacionales se encuentran enfocados en las revelaciones de Odebrecht en Brasil, la población de diversas regiones del país se está viendo crecientemente afectada por el paro indefinido de los transportistas de carga”, dice.

“La paralización incluye bloqueos de carreteras, uno de los cuales impide –con más de 2.000 camiones– el ingreso y salida de la ciudad de Arequipa”, añade.

Acentúa luego que “el bloqueo genera problemas de abastecimiento a la población, incumplimiento de contratos de exportación y, sobre todo, el derecho constitucional al libre tránsito por el territorio nacional".

Ante la urgencia hacen parte de la ruta a pie
Señala a continuación que las víctimas de ese atropello, vuelven los ojos hacia el presidente de la República en busca de una solución pero que este no es el único involucrado.

“Al defensor del Pueblo le corresponde ‘defender los derechos constitucionales de la persona y la comunidad’”, describe, “al Ministerio Público –la fiscalía– promover la acción judicial ‘en defensa de la legalidad y de los intereses públicos’”.

Y, por supuesto, “en el Poder Ejecutivo, con la Policía Nacional, mantener el orden público ‘para permitir el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitución´”.

“Es decir”, concluye, “son muchas instituciones las que deben asumir su responsabilidad en la defensa de un derecho fundamental como el libre tránsito”.

En manos del Ministerio Pública está el asunto
Pero como hemos visto no solo en este bloqueo sino en otros que han manchado la reputación de varios expresidentes, estas autoridades, que deben o debieren actuar de oficio, como lo manda su obligación, estuvieron ausentes.

Debemos esperar que esta vez, los fiscales de Arequipa, cumplan su obligación y los jueces dispongan unas sentencias contundentes para que cuando alguien que reclama un estadio para su pueblo, y haga un bloqueo de carretera para lograrlo, lo piense antes tres veces.

(Imágenes captura del semanario El Gallito, El Búho)
www.podestaprensa.com

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