que requiere Europa la
sufren
en carne y hueso en el Perú
Delegación peruana
visitó Bruselas
y fue
entrevistada por Deutsche Welle
Nota del editor – Los titulares que
encabezan esta nota corresponden con leves diferencias a la forma cómo la agencia
Deutsche Welle (DW) presenta una información sobre: “Minería en Perú
y la UE: “El tajo abierto contaminará el mundo entero” – “La extracción de los
minerales que requiere Europa la sufren en carne y hueso las poblaciones de
Perú” – “Para sensibilizar tanto a políticos como a la sociedad, una delegación
peruana visitó Bruselas. DW habló con ella”. Nos hemos tomado
la libertad de consignar el texto y las imágenes publicadas por DW por considerarla
de toda actualidad en un momento en que un gran sector del mapa peruano está
convertido en un “corredor minero” donde los derechos de unos y otros son atropellados,
en un problema que, visto desde óptica imparcial, debiera ser prioritario para
la agenda gubernamental, que borraría así, uno de sus principales conflictos
sociales.
Por Deutsche Welle
Sobre Virginia Pinares, líder campesina
de Cotabambas, en Perú, pende una posible condena de once años por obstrucción
de vías hacia la mina de Las Bambas.
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| Amenaza mundial |
En Bruselas, Pinares forma parte de una
delegación, patrocinada por la red EU-LAT y la Plataforma Europa-Perú, que
quiere hacer visible el costo social que tiene al otro lado del océano el
mineral que se consume acá.
"No nos oponemos a la minería, pero
queremos que la empresa cumpla con la ley. Nos consultaron y estuvimos de
acuerdo con que el transporte del cobre se hiciese por mineroducto. Y en 2014
lo cambiaron a transporte por carretera. A otros hermanos los han desalojado,
ubicándolos en Nueva Fuerabamba, pero en esas casas no se garantiza su acceso
al trabajo agrícola. Reclamamos, también por escrito", dijo Pinares a DW.
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| Virginia Pinares, defiende su tierra |
Virginia Pinares es directiva de la
Federación de Mujeres por el Desarrollo en Cotabambas, Perú.
"No nos escuchaban. Así que hicimos
nuestra lucha pacíficamente. El gobierno ha mandado policías con orden de
disparo”, sigue Pinares, vicepresidenta de la Federación Interprovincial de
Defensa Territorial y Ambiental y vocera de las organizaciones de la sociedad
civil en las mesas de diálogo que existen con las instituciones peruanas y la
empresa minera.
Julia Cuadros, economista especialista
en desarrollo y minería, forma parte de la delegación. Como directora de la
organización Cooperación, Cuadros asesoró, entre 2002 y 2016, a las comunidades
afectadas por el proyecto minero Río Blanco, en Piura, en el norte del país. Se
oponían al proyecto que iba a afectar los páramos, los bosques de neblina y el
agua.
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| Julia Cuadros, defensora de las comunidades |
"Yo era la única mujer. Los otros
eran dirigentes de comunidades, alcaldes, asesores técnicos. Aunque la
acusación no tenía sustento, vivimos más de tres años en incertidumbre. La
denuncia la habían hecho campesinos, comprados por la empresa. Se quería juzgar
este conflicto medioambiental según la ley antiterrorista que se había activado
para luchar contra Sendero Luminoso y el MRTA”, añade Cuadros.
Si no hay cambios, seguirán los
conflictos
"Ni en el caso de Julia Cuadros ni
en el caso de Virginia Pinares existía una sola prueba de lo que las acusaba”,
explica a DW David Velazco, de Fedepaz, organización que promueve y defiende
derechos humanos en Perú. "No solo en Perú, en toda América Latina, se
detecta una instrumentalización del Derecho Penal para tratar de acusar a
quienes protestan con la idea de detenerlos y desmovilizar la protesta”,
puntualiza el abogado de Fedepaz.
La demolición de la honra de quienes se
oponen, la represión y la aprobación de normas inconstitucionales que violan
tratados internacionales serían otros elementos de un patrón cada vez más
difundido en el Nuevo Continente. ¿Para qué?
"Desmovilizando a un dirigente,
desmovilizas a la masa”, responde Velazco. "Se trata de imponer el modelo
extractivista aduciendo el desarrollo económico, pero olvidando el desarrollo
social”, agrega.
Teniendo en cuenta que Perú, Chile,
Brasil y México concentran el 85% de las exportaciones mineras de la región y
ocupan altas posiciones en la lista de mayores exportadores mundiales, de no
haber cambios, conflictos habrá para rato.
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| David Velazco: no olvidar el desarrollo social |
¿Qué debe cambiar? Teniendo en cuenta
que la Unión Europea tiene acuerdos comerciales con todos esos países que
exportan al Viejo Continente, especialmente materias primas y minerales, el
campo de acción es evidente.
"Por lo pronto, el instrumento
'Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos' de la UE es absolutamente
insuficiente, porque su aplicación es voluntaria”, dice Cuadros.
No obstante, en todo espacio de diálogo
de la UE con sus socios, Cuadros detecta una ventana de posibilidad.
"No puede ser que cada vez que haya
un conflicto social se declare el estado de emergencia ni que la fuerza pública
reprima a las poblaciones por orden de una empresa. Es inadmisible que en el
corredor minero en Cotabambas no solo esté la Policía Nacional sino el
Ejército, y que la nueva legislación de Perú proteja a las minas como 'activos
críticos' en detrimento de la población”, concluye Cuadros.
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| El río Apurímac en peligro |
En cualquier caso, que en 2018 la
Eurocámara -en donde la delegación peruana fue acogida por diputados de
diversas fracciones- haya aprobado una resolución apoyando que la UE en su
conjunto promueva el tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, que
se negocia en la ONU desde hace un lustro, es una esperanza.
Con este tratado las empresas que violen
derechos fundamentales podrían también ser llevadas a un tribunal.
"Aunque mi casa esté en una zona
intangible, nos desplazan porque lo exige la concesión. Eso se podría
modificar”, dice Pinares, y concluye: "Si no hacemos nada, el Apurímac
será pronto un río muerto y el tajo abierto va a contaminar el mundo entero”.
(Imágenes Peru Bergbau Las Bambas Images/ZUMA
Press/El Comercio-DW Banchon, Global Voices)
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